Hoy aparece esta noticia en LNE. Esperamos que esta suspensión torne en definitiva.
La reproducimos a continuación.
El Principado ha suspendido temporalmente la tramitación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero que se pretende desarrollar en Tapia de Casariego para explotar la reserva de oro de Salave, según confirmó ayer el consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, en una visita a Luarca para presentar próximos proyectos de saneamiento en el concejo de Valdés.
Considera la Administración autonómica en su resolución al respecto que falta «la evaluación urbanística» del proyecto y para ello se ha dirigido al Ayuntamiento de Tapia de Casariego y a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias con el fin de que emitan sendos informes. Serán la Administración local y el órgano urbanístico autonómico los encargados de comunicar por escrito si el proyecto se ajusta o no a la legalidad teniendo en cuenta solo las normas urbanas vigentes. Si la respuesta es positiva, es decir, si el proyecto es compatible con el planeamiento urbano del concejo y con las normas vigentes en la materia, se continuará con el estudio de evaluación ambiental. En caso contrario, se daría por concluido el proceso, según fuentes de Medio Ambiente.
El consejero de Medio Ambiente destacó en su visita a Valdés que este es uno de más de los trámites administrativos. «Hay otros organismos pendientes del proceso, como la Consejería de Industria y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego y estamos en el trámite correspondiente en el tiempo», dijo. En cuanto a una valoración más personal sobre el plan, «la tengo que reservar», manifestó.
El Ayuntamiento de Tapia de Casariego guarda por el momento silencio. Este diario intentó localizar a la alcaldesa tapiega, la socialista Ana Vigón, para preguntarle por la situación, sin éxito. Sí se sabe que el gobierno tapiego no remitió en su día, tal y como pidió la promotora, un informe sobre la normativa urbanística local.
Por su parte, la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico resta importancia a la suspensión temporal y considera que se trata de «una ampliación del plazo porque se necesitan más informes», pero el trámite «sigue su curso».
El proyecto minero es polémico desde su nacimiento por encontrarse con un gran rechazo en el concejo capitaneado por la plataforma Oro No, colectivo que organizó diferentes campañas para rechazar los beneficios que, según otra asociación defensora de la mina, sí traería esta industria extractiva. El escollo principal, según la ciudadanía, es el impacto ambiental. La empresa defiende por su parte que todo el proceso cumple con la legalidad. Si todo sale según lo previsto, las instalaciones principales se encontrarían cerca del polígono industrial, no se utilizaría cianuro y los vertidos serían casi en su integridad limpios.
La empresa espera ahora por la decisión definitiva del Principado, que se daría a conocer, según las últimas publicaciones y si nada urgente altera los plazos, antes de finalizar el año.
Se estima que la explotación podría generar casi 200 puestos de trabajo directos, a los que habría que añadir los indirectos. La inversión inicial ronda los cien millones de euros y para extraer el oro la empresa necesitará 16 años. El planteamiento de la minera prevé la restauración de todo el entorno una vez concluidas las tareas extractivas. Pese a la tecnología punta que se prevé utilizar y el ambicioso proyecto para restaurar más tarde el entorno de los lagos, el proyecto es rechazado por sectores productivos como el pesquero.
Notas:
- LNE sigue su tendenciosa línea editorial a favor del proyecto.
- Este medio continua dando legitimidad a una pseudo-asociación totalmente desacreditada que estuvo años arrogándose una representatividad que no tenían ya que no eran legales y se hacían pasar por tal, engañando a prensa (algunos se dejan engañar fácilmente), políticos y vecinos.
